

Según Roberts, si un gobierno puede simplemente confiscar todos los informes de todos los psiquiatras también podrá luego usar esa información para decidir, por ejemplo, a los hijos de quién se expulsa del país, a quién hay que investigar o a quién denegar el derecho de voto en virtud de su consideración como “mentalmente incompetente”.
Esta medida de la administración de Cuomo, gobernador del estado de Nueva York, ha sido calificada por los expertos como “inconstitucional", un "abuso de poder" y una "violación flagrante de los derechos fundamentales" de los millones de ciudadanos que residen en Nueva York”.
“El secreto y la confidencialidad de las sesiones de terapia hacen que los pacientes se sientan cómodos para compartir detalles íntimos y miedos extraídos de lo más profundo de la psique humana, algo necesario para encontrar una manera de sanar y seguir adelante”, explica Roberts. A partir de ahora, "la expresión 'salud mental' podrá manipularse libremente para difamar a casi cualquier persona”, aseguró.
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