Los asesinatos, agresiones o amenazas a defensores de los derechos humanos en América Latina “continúan”, denunció la CIDH en un informe, en el que destaca especialmente la “preocupante” información proveniente de Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó en Washington su segundo informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas. El estudio constituye un seguimiento al primer reporte del organismo, presentado en 2006, y pretende servir de “herramienta de reivindicación de sus derechos” para los defensores de derechos humanos en la región.
En una de sus principales conclusiones, la CIDH constata que, seis años después de su primer informe y recomendaciones, “continúan los asesinatos, agresiones, desapariciones forzadas, amenazas, seguimientos y allanamientos” contra este colectivo de personas que, subraya la Comisión, realizan una labor “fundamental para la implementación universal de los derechos humanos, así como para la existencia plena de la democracia y el Estado de Derecho”.
Otro motivo especial de preocupación para la Comisión es la existencia de una “creciente sofisticación en los mecanismos destinados a impedir, obstaculizar o desmotivar la labor de defensa y promoción de los derechos humanos”.
Algo que, según la CIDH, se refleja en la “iniciación de acciones penales sin fundamento, la restricción de fuentes de financiamiento a las organizaciones y la ausencia de mecanismos adecuados y efectivos para su protección”.
En el informe, la CIDH destaca la “información preocupante” que dice haber recibido para la elaboración de su nuevo informe, de casi 300 páginas, especialmente de países como Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela, “en donde los ataques a las defensoras y los defensores afectan seriamente el respeto a los derechos humanos”, advierte.
Colombia sigue registrando algunas de las cifras más altas en cuanto a agresiones o asesinatos de defensores de los derechos humanos se refiere, cuya responsabilidad grupos locales atribuyen “en gran parte” a “agentes del Estado, miembros de grupos paramilitares post-desmovilización e integrantes de las FARC y el ELN”.
México también destaca en la lista de países preocupantes, con decenas de agresiones y asesinatos de defensores de los derechos humanos especialmente en los estados de Chihuahua, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, de acuerdo con los datos recabados por la CIDH.
Según los reportes, los ataques a este sector son perpetrados sobre todo por “actores no estatales pertenecientes al crimen organizado” y por “sectores opositores a las causas lideradas por los defensores”. Pero, agrega la CIDH, estas agresiones se producen “sin que las autoridades impidan los ataques y, por el contrario, (…) habría ocasiones en que éstas solicitarían al crimen organizado realizar el ‘trabajo sucio’ como método para eludir su responsabilidad”.
