La represión de la libertad de expresión en Irán se ha incrementado drásticamente en el periodo previo a las elecciones parlamentarias de esta semana, ha dicho hoy Amnistía Internacional.
El informe “We are ordered to crush you”: Expanding Repression of Dissent in Iran, de 71 páginas, explica cómo tras las protestas convocadas por los líderes de la oposición Mir Hossein Mousavi y Mehdi Karroubi en febrero de 2011, las autoridades iraníes han ido incrementando paulatinamente la represión de la disidencia en la ley y en la práctica, con una oleada de detenciones en los últimos meses.
Según Amnistía Internacional, esta represión constante pone en entredicho las afirmaciones de Irán cuando dice apoyar las protestas en Oriente Medio y el Norte de África.
“Actualmente en Irán hacer cualquier cosa que se salga de los límites de lo que las autoridades consideran social o políticamente aceptable, cada vez más estrechos, supone ponerse en peligro”, ha dicho Ann Harrison, directora adjunta interina del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África .
“Se puede acabar en la cárcel por cualquier cosa: crear un grupo social en Internet, unirse a una ONG o expresar oposición a la situación actual.”
“Esta terrible situación pone claramente de manifiesto la hipocresía de los intentos del gobierno iraní de mostrar solidaridad con quienes protestan en Egipto, Bahréin y otros países de la región.”
El informe señala que en los últimos meses ha habido una oleada de detenciones dirigida contra diversos grupos: abogados, estudiantes, periodistas, activistas políticos y sus familiares, minorías religiosas y étnicas, cineastas y personas con relaciones internacionales, especialmente con los medios de comunicación.
Los líderes de la oposición Mir Hossein Mousavi y Mehdi Karroubi, derrotados en las elecciones presidenciales de 2009, están en detención domiciliaria de hecho desde febrero de 2011. La esposa de Karroubi quedó en libertad en julio de 2011, pero Zahra Rahnavard, la esposa de Mir Hossein Mousavi, continúa detenida en su domicilio junto con él.
La situación ha empeorado ante las elecciones parlamentarias del 2 de marzo.
La represión se ha dirigido a los medios de comunicación digitales, que las autoridades consideran una gran amenaza. En enero, un mando de la policía afirmó que Google era “una herramienta de espionaje”, no un motor de búsqueda. Ese mismo mes, la recién creada ciberpolicía exigió a los propietarios de cibercafés que instalaran un circuito cerrado de televisión y registraran la identidad de los usuarios antes de permitirles utilizar los ordenadores.
El bloguero Mehdi Khazali fue condenado este mes a 4 años y medio de prisión, más 10 años de "exilio interno" y una multa, por cargos entre los que se cree que figuran "difundir propaganda contra el sistema", "reunirse y conspirar contra la seguridad nacional" e "insultar a las autoridades. No está claro si la pena de "exilio interno" habrá de cumplirla en la cárcel.
Los cargos contra Khazali se presentaron en 2011, y el bloguero quedó en libertad bajo fianza, pero fue detenido de nuevo en enero de 2012 y actualmente está recluido en la cárcel de Evin de Teherán, donde lleva más de 40 días en huelga de hambre en protesta por su detención. Se teme por su salud.
También se han intensificado el hostigamiento, la detención y el encarcelamiento de defensores de los derechos humanos, incluidos grupos en favor de los derechos humanos de las mujeres, y han sido clausuradas varias ONG.
Abdolfattah Soltani, miembro fundador del Centro de Defensores de los Derechos Humanos, fue detenido en septiembre y acusado, entre otras cosas, de aceptar un premio internacional de derechos humanos. Se encuentra en la cárcel de Evin en espera del resultado del juicio. Se le ha amenazado con condenarlo a 20 años.
La presión sobre las voces independientes se ha extendido a quienes están fuera de Irán.
Este mismo mes, la BBC afirmó que familiares de trabajadores de su emisión en persa habían sido hostigados; uno había sido detenido en enero y estaba recluido en régimen de aislamiento y a otros les habían confiscado los pasaportes.
Amnistía Internacional ha dicho que los ataques contra la disidencia se producen en un marco de empeoramiento de la situación de los derechos humanos en general en Irán.
En 2011 hubo aproximadamente el cuádruple de ejecuciones públicas que en 2010, una práctica que, según Amnistía Internacional, las autoridades utilizaron para atemorizar a la sociedad.
Se cree que en el último año han sido condenadas a muerte en Irán cientos de personas, la mayoría por presuntos delitos de drogas. Irán continúa ejecutando a personas que eran menores de 18 años en el momento del delito, una práctica estrictamente prohibida por el derecho internacional.
Amnistía Internacional ha pedido a la comunidad internacional que no permita que las tensiones relativas al programa nuclear iraní ni los acontecimientos en la región la distraigan de presionar a Irán para que cumpla con sus obligaciones en el ámbito de los derechos humanos.
En concreto, la organización ha pedido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que renueve el mandato del relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Irán en marzo.
"Para los iraníes que sufren este grado de represión, puede resultar desalentador que los debates sobre su país en círculos diplomáticos parezcan centrarse principalmente en el programa nuclear a costa de los derechos humanos”, ha dicho Ann Harrison.
"Los países que tratan con el gobierno iraní no pueden incumplir sus responsabilidades con los valientes defensores y defensoras de los derechos humanos, sindicalistas, minorías y periodistas iraníes”.
