Tras finalizar el pasado lunes, el ultimátum de 72 horas para que la junta golpista depusiera las armas, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) anunció ayer el cierre de sus fronteras con Malí , así como la congelación de los fondos que tiene este Estado en el Banco para la Inversión y el Desarrollo africano. Los responsables militares de los quince países de la Cedeao tienen previsto reunirse el jueves para acordar el envío de una fuerza de 3.000 soldados a la región.
Una medida de presión que, sin embargo, amenaza la seguridad alimentaria del país. Como asegura el analista William Moseley, en la actualidad, el Gobierno de Malí importa de sus vecinos regionales cerca del 12% de los alimentos que consume. Solo en el último año y ante la escasez de lluvias, el coste de la comida ya se había disparado en un 41 por ciento.
Corredores humanitarios
«El cierre de fronteras provocará que los precios de los alimentos aumenten», reconoce Chris Palusky, responsable de la organización humanitaria World Vision en Níger y Malí, quien reitera que «es esencial que se creen corredores humanitarios para que la ayuda llegue a las personas que más la necesitan».
Mientras, la principal causante de este trágico sainete —la junta golpista— reitera su promesa de entregar el poder a los civiles en una fecha, eso sí, indeterminada. «Pedimos a la población que mantenga la calma. Nuestra prioridad es luchar contra la rebelión tuareg», aseguraba el líder de la asonada, el capitán Amadou Haya Sanogo.
Pese que el origen del motín era denunciar el deficiente armamento de la tropas para combatir a los rebeldes tuaregs provenientes de Libia, lo cierto es que la actual anarquía política solo ha servido para recrudecer los combates en el norte del país.
Mientras que los rebeldes tuareg del movimiento islamista Azawad se apoderaban de Tombuctú. En esta ciudad, asimismo se han instalado tres líderes de Al Qaida en el Magreb Islámico —Abou Zéid, Mokhtar Belmojtar y Yahya Abou Al-Hammam— junto al islamista tuareg Iyad Ag Ghaly