La comisaria de salud de Napo, Janine Olmedo, fue separada del cargo y enjuiciada por el Ministerio de Salud, acusada de tener supuesta vinculación en la violación de Derechos Humanos en contra de una mujer que ingresó al centro de rehabilitación de adictos La Esperanza, de Tena, donde, supuestamente, también se ofrecía ‘curación’ de orientaciones sexuales. Esto, según información entregada ayer por la ministra de Salud, Carina Vance
Olmedo y otras cuatro personas tienen medidas cautelares dictadas por un juez de esa provincia, pese a que la Fiscalía solicitó prisión preventiva para todos. La excomisaria, según las autoridades, inclusive alquilaba el local donde operaba este centro, que fue clausurado el 11 de junio pasado. Otras tres personas tienen orden de prisión y son buscadas por la justicia.
‘Sulema’, una mujer guayaquileña, denunció al Ministerio de Salud que presuntamente fue maltratada sicológica y mentalmente en este lugar.
Caso
El Ministerio del ramo, conjuntamente con la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Inclusión Económica y Social han conformado el Comité Nacional Interinstitucional para este tipo de casos. Hasta el momento, han sido clausurados 18 centros clandestinos a nivel nacional.
“En algunos casos han existido trabajos hasta en las mismas instituciones públicas. Sobre el tema de Napo he tenido que presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura por el accionar de un juez que apenas tipificó el delito como odio y desprecio, y no como violación a los Derechos Humanos”, expresó Vance.
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