En momentos en que la Arquidiócesis de Milwaukee se preparaba para declararse en bancarrota en medio de decenas de demandas de víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes, el entonces arzobispo Timothy Dolan solicitó y recibió autorización del Vaticano para transferir 57 millones de dólares de un fondo para cementerios a un fideicomiso a fin de garantizar "mejor protección" del dinero, según documentos dados a conocer el lunes.
La carta de Dolan de 2007, que ahora es cardenal de la Arquidiócesis de Nueva York, y la respuesta del Vaticano forman parte de las miles de páginas de documentos que la arquidiócesis dio a conocer como parte de un arreglo en un tribunal federal de bancarrotas entre la entidad religiosa y las víctimas de abuso que la han demandado por fraude. Las víctimas dicen que la arquidiócesis transfirió a los sacerdotes problemáticos a otros templos sin advertir a los feligreses y encubrió los delitos de los abusadores durante décadas.
Los abogados de las víctimas acusaron a Dolan de tratar de ocultar el dinero cuando la Arquidiócesis de Milwaukee planeaba declararse en quiebra. La arquidiócesis lo niega.
En un comunicado, Dolan afirmó que cualquier insinuación de que estuviera tratando de ocultar los fondos a las víctimas es un ataque "antiguo y desacreditado". Jerry Topczewski, secretario general del actual arzobispo Jerome Listecki, dijo que el dinero siempre estuvo en un fondo separado para cuidado de cementerios y que la transferencia a un fideicomiso sólo formalizó esa operación.
La difusión de unas 6.000 páginas de documentos atrajo la atención nacional debido a la participación de Dolan, que es el presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Dolan, que no ha sido acusado de transferir a sacerdotes problemáticos, se hizo cargo como arzobispo a mediados del 2002 después que muchas víctimas ya se habían quejado. Pero ha habido cuestionamientos sobre su respuesta a la crisis.
En su carta del 4 de junio del 2007 al Vaticano, Dolan dijo que el dinero del fondo para cementerios debía usarse para ese fin si fuese colocado en fideicomiso. Pero agregó que "al transferir esos bienes al fideicomiso, preveo una mejor protección de dichos fondos de toda reclamación y responsabilidad legal".
El derecho canónico exige a los obispos pedir autorización para cualquier venta de propiedades o transferencia de activos en grandes cantidades. El juez de bancarrota decidirá en última instancia si la transferencia de fondos fue un fraude.
Los documentos también muestran que Dolan trató de despedir a los sacerdotes para evitar más escándalos después que las víctimas comenzaron a presentar sus casos a principios de la década de 2000.
Hasta el 30 de junio de 2012, la arquidiócesis había gastado casi 30,5 millones de dólares en litigios, terapia y asistencia a las víctimas, así como otros costos relacionados con los abusos de los sacerdotes, según su declaración financiera anual.
La arquidiócesis enfrenta demandas de unas 570 personas en el tribunal de bancarrotas, aunque algunas de ellas involucran a laicos o sacerdotes asignados a órdenes religiosas, no a la arquidiócesis.
