Jorge Albanil dejó de ser formalmente sacerdote en 1999. Pero sigue oficiando ceremonias religiosas, incluso sepelios en Chiclayo, Perú.
Él y otros seis curas más querían casarse. Pero la Iglesia Católica no lo permite. Por eso se fueron. Colgaron los hábitos. Pero continuaron por libre su labor pastoral hasta que en 2004 la iglesia les denunció por fraude.
Fueron absueltos. Pero ahora son ellos quienes quieren denunciar. Solicitan a la Iglesia Católica una indemnización de casi cinco millones y medio de euros en concepto de daños y perjuicios. Se consideran agraviados por no haberse podido casar cuando ejercían el ministerio católico.
Denuncian a la Iglesia y en calidad de su máximo representante, denuncian hasta al mismísimo Papa Francisco.
La prensa local de esta localidad peruana informa de que la corte de Chiclayo no va a aceptar el caso por falta de evidencias. Pero los exsacerdotes insisten en que volverán a llevar el caso ante la justicia en las próximas semanas.
