Porque la ropa, ni el labial, ni la mirada pueden ser excusas para el abuso, cientos de mujeres marcharán este sábado en Bogotá y otras ciudades capitales para llamar la atención sobre la violencia sexual en contra del género y el estigma que hace que las califique de "putas por etiqueta, por sospecha y por oficio".
Mar Candela Castilla, líder de la iniciativa Marcha de las Putas, decidió que era el momento de traer esta iniciativa que ha estado en más de 30 países de todo el mundo a Colombia, el día en que vio como morbosamente un hombre 'piropeaba' a una adolescente de 16 años y ella sólo pudo reaccionar con nerviosismo y en silencio. Después de gritarle que fuera decente y derramarle una bolsa de leche encima al sujeto, Mar Candela decidió que era el momento de hacer una marcha que pidiera respeto para las mujeres.
"Esta iniciativa nació en Toronto, cuando un policía dijo que las mujeres debían dejar de vestirse como putas para ser violadas. Además de lo que implícitamente dice, detrás de la frase hay algo todavía más grave: que las putas sí merecen ser violadas", explica Mar, a pocos días de materializar el encuentro en Bogotá y otras ciudades del país.
Aunque la iniciativa en todos los países que ha sido replicada ha usado la palabra "puta", en Colombia fue un problema lograr que se siguiera llamando de la misma forma. "Se está hablando con la palabra puta con toda la libertad del caso. Nos enseñaron a que la palabra puta es una grosería y no, es el diminutivo de prostituta, que es una mujer que vende su cuerpo", asegura.
Aunque en el país la discusión se ha desviado un poco al uso o no uso de la palabra, la polémica que de fondo quiere levantar este grupo de mujeres es que "ningún argumento es válido para ultrajar una mujer, ni siquiera para manosearla".
Y es que en muchos países, incluido Colombia, en las sentencias en contra de violadores de mujeres muchos jueces han puesto entre sus argumentos a favor o en contra que la mujer llevaba ropa provocativa, que tenía escotes pronunciados, pantalones ajustados o faldas muy cortas.
"El 90 por ciento de los violadores contestan que algo los provocó, muchos de ellos contestan que miraban como puta o que tenían labial de puta. ¿Qué significa eso?", se pregunta Mar, segura de que "puta o no puta no me tocas", además de que todas las mujeres alguna vez en su vida han sentido que alguien las ha tratado como putas, de una forma insultante.
LÍOS DE LA MARCHA
Pero no todo ha sido fácil para llevar a cabo la marcha. En Bogotá tuvo que cambiar de lugar de inicio desde la Plaza de Toros hasta la Torre Colpatria, por la demolición del puente de la calle 26 con carrera Séptima.
En Bucaramanga, sin embargo, el problema ha sido aún mayor. Según cuenta Ana Milena Patarrollo, coordinadora de la marcha en esa ciudad, los trámites para que se la dejen llevar a cabo han sido tan complejos que es probable que ni siquiera se pueda llevar a cabo.
Ha hecho ya la solicitud tres veces y la última, radicada el 14 de febrero, les fue contestada con una respuesta afirmativa, pero supeditada a cumplir algunos requisitos.
"Me piden una póliza de responsabilidad civil contractual por 100 millones de pesos que cubra el día de la marcha y 4 meses más; además de un certificado de prestación de servicio de la Defensa Civil y la Cruz Roja que cuestan cada uno 250.000 pesos, y un acompañamiento de bomberos, que llega casi a los 300.000 pesos", explicó.
También le dijeron que si se atreve a hacer la marcha sin cumplir con los requisitos le enviarán a la policía para que disperse a los manifestantes por lo que muchos jóvenes están temerosos de asistir. Aunque las autoridades no lo dicen, las líderes sospechan que se trate de una negativa por el uso de la palabra "puta" en el nombre de la marcha.
Por su parte, Fredy Edgar Ragua coordinador de Clopad Bucaramaganga, le aseguró a Terra que esos mismos requisitos le son pedidos a todos los ciudadanos que planean hacer marchas en esa ciudad, porque en muchas ocasiones se han salido de las manos y prefieren estar preparados para lo que pueda pasar.
"La póliza es para reclamaciones a futuro, por daños a locales o inconvenientes con el espacio público", explicó.